EL PASO POR EL GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ, EL PRIMER PRESIDENTE DEMÓCRATA

Tras la Guerra Civil Española (1936-1939), comienza la dictadura franquista que duraría desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador en 1975. Con el final de la dictadura del general Franco, cuando el país pasa de un sistema político dictatorial a un régimen político democrático y liberal, España se encuentra en un periodo de transición. 

La Transición democrática española comienza con la proclamación de don Juan Carlos I como rey por designación de Franco según la Ley de Sucesión de 1947, que definía a España como un reino sujeto a los principios del “Movimiento Nacional del 18 de julio” y establecía que la designación de la sucesión del jefe de Estado español correspondía al propio Franco. 

Arias Navarro fue nombrado presidente por Juan Carlos I (durante su presidencia solo se promulgó la Ley de Regulación de Reunión), pero en julio de 1976 el rey provocó su dimisión y fue sustituido por Adolfo Suárez, que se apoyó en Torcuato Fernández Miranda.       

El nuevo presidente mantenía contactos con la oposición gracias a la Comisión de los 9, estableció la Ley de Libertad Sindical, suprimió el Tribunal de Orden Público, reguló el derecho de huelga, disolvió el Movimiento Nacional y promulgó la Ley para la Reforma Política. 

Esta última ley provocó que se pudieran realizar las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, para ello, se aprobó un decreto-ley para legalizar los partidos políticos que iban a participar. Se celebraron el 15 de junio de 1977 y el resultado fue el gobierno de Adolfo Suárez en minoría. Los objetivos del nuevo gobierno fueron hacer frente a la crisis económica, crear una constitución y atender a las reivindicaciones de las nacionalidades históricas. 

En España, el PIB se encontraba estancado, la inflación era muy alta, había mucho paro y el déficit público era elevado. 

Suárez aprobó, ante la situación de crisis del país, los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977, lo que tuvo un gran impacto en la economía. Suponía medidas de contención salarial para reducir la inflación desbocada (30%); de devaluación de la peseta para fomentar la exportación; de ampliar el Impuesto sobre la Retribución del Trabajo Personal; la lucha contra el fraude fiscal para incrementar la recaudación, con medidas sociales como la extensión del seguro de desempleo y el incremento del número de plazas escolares; y medidas para disminuir el gasto público. También llevó a cabo una reforma tributaria, estableciendo el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio (1977) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF- (1978), básicos para desarrollar el Estado del Bienestar. Además, tuvo repercusión sobre las garantías a la libertad de expresión, de reunión y de asociación; sobre el control de los medios de comunicación estatales; sobre la reforma del código penal; y sobre la reorganización de las fuerzas de orden público. 

Se consiguió detener la contracción del PIB; controlar la inflación y el déficit público, aunque no el paro; y hubo numerosos acuerdos políticos. En definitiva, neutralizaron las consecuencias políticas y sociales del ajuste de la economía. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso encargó a siete ponentes a redactar un texto constitucional. 

La Constitución recogía los principios democráticos de Europa Occidental y del constitucionalismo español, contaba con 169 artículos y definía a España como un “Estado social y democrático de derecho”, basado en un ordenamiento jurídico de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. También proclamaba la soberanía nacional (que reside en el pueblo español) y establecía una amplia declaración de derechos y libertades, una monarquía parlamentaria, la división de poderes y la descentralización del Estado. 

Fue aprobada el 31 de octubre de 1978 por ambas cámaras y el 6 de diciembre en referéndum. 

En marzo de 1979 se celebraron unas nuevas elecciones que fueron ganadas también por la UCD. El objetivo principal del gobierno, tras estas elecciones, era la construcción del Estado de las Autonomías, aprobándose los Estatutos Vasco y Catalán. 

Las tensiones internas de la UCD debilitaron el gobierno, lo que aprovechó el PSOE para presentar una moción de censura en 1980, aunque no llegó a tener lugar.  

El gobierno de Suárez fue tachado por actuar de forma personalista, lo que hizo que el presidente creara un nuevo gobierno con miembros de diversas tendencias del partido. Sin embargo, finalmente, Suárez dimitió en enero de 1981 y fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo, en cuya sesión de investidura tuvo lugar el golpe de Estado de Fernando Tejero (23-F).